Cuando la crisis se vuelve catástrofe, y la catástrofe
ecocidio. Moralidad, interés y responsabilización en el
manejo del agua en Sierras Chicas, Córdoba, Argentina

When crisis becomes catastrophe, and catastrophe becomes ecocide.
Morality, interest, and accountability in water management
in Sierras Chicas, Córdoba, Argentina

Adrián Koberwein*

CONICET & Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Palabras clave Crisis Catástrofes Moralidad Responsabilización	Resumen: En el presente artículo abordo, desde la antropología social, dinámicas morales de responsabilización en un contexto atravesado por una crisis de escasez hídrica y unas subsecuentes inundaciones ocurridas en las Sierras Chicas de la Provincia de Córdoba, Argentina. Tomando como base el punto de vista de los actores, analizamos cómo los modos de determinar responsabilidades fueron cambiando a lo largo del tiempo. De un problema cuya solución en principio implicaba ahorrar agua como un conjunto de acciones que expresaban una responsabilidad compartida en forma equivalente, la crisis y la catástrofe fueron con el tiempo explicadas como como resultado de una degradación de la capacidad de las cuencas para regular el ciclo hidrológico. En este marco, los responsables podían ser claramente identificados en función de sus actividades destructoras del ambiente. El análisis nos permitió concluir que las crisis y las catástrofes implican no sólo la determinación de responsabilidades en términos morales, esto es, en términos de la deseabilidad y obligatoriedad de los cursos de acción, sino además una tensión en torno a la definición misma de aquello deseable y obligatorio en relación con la valoración positiva o negativa de proyectos de sociedad antagónicos.
Keywords Crisis Catastrophes Morality Accountability	Abstract: From a social anthropological perspective, in this article, we examine moral dynamics of accountability in a context characterized by a water shortage crisis and subsequent flooding in the Sierras Chicas region of the province of Córdoba, Argentina. Based on the actors' point of view, we analyze how the ways of establishing accountability changed over time. From a problem that involved initially saving water as a set of actions that expressed a shared responsibility in an equivalent manner, the crisis and catastrophe were eventually explained as the result of a deterioration of the watersheds' capacity to regulate the hydrological cycle. In this context, those responsible could be clearly identified in terms of their environmentally destructive activities. The analysis allowed us to conclude that crises and catastrophes involve not only the establishment of moral responsibilities, that is, in terms of the desirability and obligation of courses of action, but also a tension around the very definition of what is desirable and obligatory in relation to positive or negative assessment of antagonistic projects of society.
Hitz gakoak Krisia Hondamendiak Moralitatea Erantzukizuna	Laburpena:Gizarte-antropologiatik abiatuta, artikulu honetan aztergai ditut erantzukizunaren dinamika moralak, testuingurutzat harturik Argentinako Cordoba probintziako Sierras Chicasen izandako ur-eskasia krisiak eta ondorengo uholdeak. Oinarri gisa hartuta eragileen ikuspuntua, aztertu dugu nola aldatu diren erantzukizunak zehazteko moduak denboran zehar. Arazo batetik abiatuta –hasiera batean berekin zekarrena ura aurreztea eta modu baliokidean partekatutako erantzukizuna zekarren neurri-multzo bat hartzea–, denbora igaro ahala krisia eta hondamendia esplikatu ziren ibai-arroek ziklo hidrologikoa erregulatzeko duten gaitasuna degradatzearen ondorio gisa. Hori horrela, argi eta garbi identifika zitezkeen arduradunak, ingurumena suntsituz egiten zituzten jardueren arabera. Analisi horri esker, ondorio gisa atera ahal izan dugu krisiek eta hondamendiek berekin dakartela, erantzukizunak termino moraletan (hau da, erabaki-multzoen desiragarritasun eta derrigortasun terminoetan) zehazteko betebeharraz gain, tentsio bat, desiragarria eta nahitaezkoa denaren definizioaren beraren inguruan, gizarte-proiektu antagonikoen balorazio positiboari edo negatiboari dagokionez.

 

* Correspondence author / Correspondencia a: Adrián Koberwein. CONICET / Universidad de Buenos Aires. Instituto de Ciencias Anrtopológicas, Facultad de Filosofía y Letras. José Bonifacio 1337, 7.° piso, C1406GXE, CABA – adriankoberwein@conicet.gov.ar – https://orcid.org/0000-0002-6614-7692.

How to cite / Cómo citar: Faas, A. J. (2026). «Cuando la crisis se vuelve catástrofe, y la catástrofe ecocidio. Moralidad, interés y responsabilización en el manejo del agua en Sierras Chicas, Córdoba, Argentina». Papeles de Identidad. Contar la investigación de frontera, vol. 2026/2, papel 346, 1-20. (https://doi.org/10.1387/pceic.28077).

Fecha de recepción: noviembre, 2025 / Fecha de aceptación: junio, 2026.

ISSN 3045-5650 / © UPV/EHU Press 2026

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1. Introducción

Una sequía ocurrida en el año 2004 en las Sierras Chicas de la provincia argentina de Córdoba se convirtió en la antesala de una crisis de escasez de agua que se extendió entre los años 2007 y principios de 2015[1]. En diferentes municipios de la zona (véase Figura 1, ubicación geográfica), la situación condujo a medidas como cortes temporarios en los suministros de agua potable, la implementación de tarifas escalonadas, la instalación de reductores de caudal, suspensiones de las certificaciones de factibilidad hídrica para emprendimientos inmobiliarios y la reglamentación de prohibiciones relativas al uso indebido del agua potable: llenar las piscinas, regar los jardines o lavar los automóviles. En 2009, una noticia de prensa destacaba la dramática situación que se vivía por entonces: en la localidad de Salsipuedes, los camiones con los que se repartía agua en los domicilios habrían sido custodiados por la policía ante la posibilidad de disturbios por una porción de agua[2].

El 15 de febrero de 2015, la crisis de escasez llegó abrupta y trágicamente a su fin. Durante la noche de aquel día y la madrugada del siguiente, ríos, arroyos serranos y embalses desbordaron con inusitada fuerza en toda la extensión del corredor de las sierras, transformándose en una violenta corriente de agua que avanzó velozmente cargada de sedimentos, rocas y restos de vegetación. Cuando impactó en los pueblos y ciudades del faldeo serrano, murieron ocho personas y cientos fueron evacuadas. Varias viviendas fueron arrasadas desde los cimientos por la fuerza del agua y los daños en la infraestructura vial y de servicios produjeron el aislamiento e incomunicación de pueblos enteros durante varios días. Estas escorrentías e inundaciones son conocidas como la catástrofe del 15F.

En el presente artículo analizo los modos de responsabilización sobre la crisis y la catástrofe en términos de una dinámica atravesada por moralidades en conflicto, tal como Mary Douglas (1992, 1996) comprende estos fenómenos, completando el análisis con otros desarrollos más recientes en torno al problema de la moral realizados desde la antropología social y por autores contemporáneos. En función de ello, desarrollo una crítica a posturas instrumentalistas que analizan los procesos de responsabilización en términos de «juegos de culpa» centrados exclusivamente en el interés utilitario. A diferencia de estos análisis, afirmo que las dinámicas analizadas responden tanto a formas de interés como a formas morales, siendo ambas dimensiones inseparables (Balbi, 2017; De Pina y Arribas, 2011).

Fuente: edición propia sobre la base de cartografía libre disponible en https://www.d-maps.com.

Figura 1

Ubicación de las Sierras Chicas

En cierta medida, nos ocupamos aquí de fenómenos que Roitman (2012; 2014) llamaría «narrativas de crisis» y que han sido extensamente tratados por la antropología desde una variedad de miradas (Arribas, 2008; Boivin y Rosato, 2008; Narotzky y Besnier, 2020; Rosato y Boivin, 2008; Ullberg, 2017; Visacovsky, 2017; Wolf, 2000, entre otros). «Crisis» y «catástrofe» son aquí consideradas como categorías producidas por actores socialmente situados que, a través de ellas, producen la inteligibilidad del mundo vivido. Se trata de categorías morales, como afirmaba Douglas (1992) reflexionando sobre temas similares:

«[E]n todos los lugares y en todas las épocas el universo se encuentra moralizado y politizado. Los desastres que ensucian el aire y el suelo y contaminan el agua se convierten generalmente en una cuestión política: alguien que ya es impopular va a ser culpado por ello.» (Douglas, 1992, p. 5)[3].

Las crisis y catástrofes no deberían ser consideradas como fenómenos en sí mismos, sino como enmarcados en procesos más amplios (Barrios, 2017; Koberwein y Zenobi, 2021; Murgida y Radovich, 2021; Radovich, 2013; Ullberg, 2013; Zenobi, 2017). Desde el punto de vista y desde la experiencia de los actores protagonistas de los procesos aquí analizados, plano al que nos referimos en adelante como el nivel fenomenológico, lo que ellos llamaron la catástrofe del 15F se enmarca en una crisis hídrica y socioambiental que comenzó mucho antes de las escorrentías y se extendió más allá en el tiempo. Fue entendida como una ruptura en las condiciones «normales» de vida. Nuestra intención es dar cuenta de cómo estas rupturas expresan tensiones morales y políticas; es allí, en relación con estas dimensiones, donde focaliza la teoría para nuestro argumento.

Un fenómeno analizado para la Argentina es que las crisis «revelan modos fundamentales y más o menos estables de definir y comprender la nación» (Visacovsky, 2017, p. 236). En relación con esta idea quisiera argumentar que, en escalas menores que la nacional, e incluso en ella, las crisis y catástrofes revelan también un modo de definir y comprender una relación fundamental, sometiéndola al escrutinio público y moral: la relación entre gobernantes y gobernados[4].

Al incorporar el punto de vista de sus protagonistas, las narrativas de crisis como algo que salió mal y que debe corregirse (Roitman, 2012, 2014) no pueden obviarse; considero estas narrativas teleológicas en tanto medios para crear responsabilidad. Se ha dicho que las crisis son tiempos de crítica (Álvarez y Valpassos, 2023; Beck y Knecht, 2016; Koselleck, 2007). En este sentido, pueden ser entendidas también como momentos y espacios sociales de atribución de responsabilidades. Una catástrofe enmarcada en una crisis catalizó una búsqueda de responsables frente a lo que había fallado, a lo que había salido mal, y es por ello que no sería aconsejable descartar las narrativas teleológicas, al menos las que construyen los protagonistas de los procesos analizados. Ahora bien, creo que no deberían ser adoptadas como explicación última de la realidad y ello es, en definitiva, lo que propone Roitman (2014). Sin embargo, ¿por qué no entenderlas de esta manera, aunque más no sea heurísticamente, para tomar en serio la perspectiva de los protagonistas? Quienes viven las crisis o interpretan una situación como crítica se embarcan en una búsqueda por comprender lo que salió mal. De lo contrario, ¿cómo, a quién o a qué responsabilizar por la desgracia? La investigación sobre los modos diversos en que el mundo se moraliza y se politiza puede arrojar luz no sólo sobre las maneras en que diferentes proyectos de vida y de superación de crisis se imponen, dialogan, se enfrentan o se complementan, sino que también, y por ello mismo, pueden ser una manera de comprender el mundo en que vivimos.

Crisis y catástrofe son categorías de uso extendido, especialmente en contextos atravesados por problemas socioambientales como los que aquí tratamos. Hacen referencia a situaciones vividas como extraordinarias y sintetizan la idea de una ruptura o dislocación en el orden atribuido al mundo o en la continuidad «normal» de la vida individual y/o colectiva (Barrios, 2017; Boivin y Rosato, 2008; Kapferer, 2005; Visacovsky, 2011). Ahora bien, el énfasis que realiza la Antropología Social en la integración del punto de vista de los actores en el análisis obliga a no asumir a priori la manera en que se despliega la tensión entre lo normal y lo extraordinario, lo que constituye un interrogante que debe resolverse en cada análisis en particular.

En las Sierras Chicas de Córdoba la respuesta en el debate público a qué es lo que falló o estaba fallando durante la crisis previa a la catástrofe (y que condujo a ella), estuvo en principio orientada por una atribución de responsabilidades atribuidas indiscriminadamente a todos por igual. Sin embargo, con el tiempo las formas de responsabilización se concentraron en dos posiciones antagónicas. Una focalizó en el consumo, al destacar, por ejemplo, la demorada realización de infraestructura hídrica que acompañara el aumento poblacional de la última década, y así las soluciones se concentraron en la provisión de mayores cantidades de agua; la otra, sin negar completamente la efectividad de la primera posición en el corto y mediano plazo, enfatizó en el cuidado de las cuencas, postulando que sólo con más infraestructura y regulación del consumo la crisis jamás sería superada. Para esta segunda posición, los responsables de la crisis eran los agentes desarrollistas (principalmente del mercado inmobiliario), los funcionarios y los políticos; es decir, y en el sentido gramsciano del término, los gobernantes. Como veremos, durante el período de escasez de agua esta tensión fue gestándose para luego de la catástrofe adoptar un conflicto que tomó las calles y se transformó en una lucha abierta.

En este marco, el análisis se solapa con aspectos de lo que en cierta literatura —principalmente algunas orientaciones en sociología de las organizaciones y en ciencias políticas— se conoce como los «juegos de culpa». Un conjunto de investigaciones en este campo se dedica a analizar los componentes morales de la culpa (Sher, 2005; Smith, 2013; Tilly, 2008), o sus componentes expresivos y comunicativos (Bennet, 2013; McKenna, 2013). En varios de estos trabajos, la responsabilización sería el resultado de comportamientos de individuos orientados por el interés y la competencia. Así, por ejemplo, el componente moral de los «juegos de culpa» es entendido como relativo a un resultado específico de las decisiones que toman personas y/o instituciones frente a las acusaciones por los daños o perjuicios que se les atribuye haber causado a otros, ya sea voluntaria o involuntariamente en el caso de los individuos, ya sea por fallas en la estructura administrativa o procedimental en el caso de las instituciones (Boin et al., 2008). En esta línea, una parte significativa de la bibliografía se preocupa por lo que se conoce como las «estrategias de evitación de la culpa» (Hinterleitner y Sager, 2019; Hood, 2011; Resodihardjo, 2020).

Una característica recurrente de estos últimos trabajos es la ausencia de toda problematización de la relación entre los sujetos a la culpabilidad/responsabilidad y los damnificados por sus acciones, y esto es así dado que la relación se toma por supuesta: se trataría de una relación de interés. Es decir, una relación dictada por la rivalidad y por la autopreservación, la utilidad y el cálculo instrumental para evitar ser responsabilizado. Considerar la sociedad de esta manera es considerarla en términos de los comportamientos idealizados de los agentes en el mercado, extrapolando la lógica del interés mercantil hacia la totalidad social, haciendo de ella la sustancia misma de la vida colectiva[5]. Sostenemos, en contra de las lecturas economicistas, que los procesos de determinación de responsabilidades implican procesos morales y políticos colectivos a través de los cuales se expresan proyectos de sociedad en conflicto. Para nuestro análisis, estas expresiones se amalgamaron alrededor de la crítica pública a la relación entre gobernantes y gobernados.

2. La falta de agua y la atribución de responsabilidades

Como adelantamos, entre 2007 y 2015 las localidades de Sierras Chicas sufrieron una sostenida escasez de agua. Las causas esgrimidas que primaron durante los primeros años giraron alrededor de la persistente falta de lluvias, factor que se multiplicaba por el aumento del consumo debido al sostenido crecimiento poblacional, el derroche de vecinos y turistas o la lentitud en la renovación de la infraestructura. Se esgrimían otras causas y responsabilidades, en principio sólo en boca de expertos, generalmente biólogos, que afirmaban que las cuencas estaban al límite de su capacidad y que tal situación era consecuencia de su «mala salud». Afirmaban que la regulación natural de los extremos del ciclo hidrológico estaba debilitada debido a la merma de vegetación nativa y a la impermeabilización del suelo provocada por el avance del desarrollo inmobiliario. Cuidar y restaurar las cuencas era tenida como la solución a largo plazo, en contraposición a las medidas de corto y mediano plazo también necesarias. Así lo manifestaba, en mayo de 2011, uno de estos expertos en una entrevista radial. La pregunta del periodista refiere a la posibilidad de dragar el embalse de la zona, dado que grandes cantidades de sedimento se habían depositado en su lecho, habiendo perdido capacidad de acumulación:

Periodista: ¿Hay alguna forma lógica y alcanzable de sacar el sedimento o volver a aumentar la capacidad del dique?

Biólogo: No se puede tocar. Intentar mover el sedimento es lo peor que podemos hacer, por los minerales. El fósforo es altamente contaminante y ese fósforo está sostenido y retenido en las capas de sedimento. Si uno mueve eso, está envenenando el agua (…). Lo que hay que hacer es mantener las cuencas sanas. Esto quiere decir que tengan vegetación, mucha vegetación, que ayuda a retener el agua y la humedad del suelo que está totalmente seco, y ayuda a mantener el volumen de los caudales de los arroyos por mucho mas tiempo.

Periodista: Esto no es una solución a corto plazo.

Biólogo: Pero si no empezamos (…). Lo que es inmediato es consumir menos agua. … Vamos a estar en una crisis constante y vamos a tener que acostumbrarnos. (19/05/11. Entrevista periodística a un biólogo de la zona, emitida por FM 104.3, Río Ceballos.)

Aquí se expresan dos de los niveles de intervención sobre la crisis: el relativo a la acción técnica para aumentar la provisión de agua o racionalizar su consumo, y la solución de más largo plazo de mantener sanas las cuencas.

A principios de 2013, todos estaban convencidos que la crisis había llegado para quedarse. Durante la feria del libro que organizaba anualmente un municipio y que tuvo lugar en marzo de aquel año, una escuela presentó los resultados de un trabajo realizado por alumnos y alumnas que indagó en las causas de la falta de agua durante el verano 2012-2013. El trabajo escolar planteó cuatro hipótesis. Una de ellas era la falta de lluvias. Una segunda responsabilizaba a los vecinos residentes de la localidad por el derroche del vital elemento. La tercera responsabilizaba a los muchos turistas que también derrochaban y la cuarta consideraba aquello que los biólogos llamaban la «mala salud de las cuencas» que hemos mencionado[6].

En relación al derroche, el Director de Ambiente de una de las localidades me comentó lo siguiente:

«Si yo veo a una señora regando a lo loco el jardín, le bajo la caña. Pero esa misma señora me tira la bronca y me dice ¿por qué yo no voy a poder regar, si del dique salen camiones repletos de agua para Salsipuedes, y la gente de allá con eso llena las piletas?» (Fragmento de entrevista no directiva realizada al Director de Ambiente de Río Ceballos, 23/07/11).

Fuente: Periódico Sol Serrano N°175, enero 2015, p. 12.

Figura 2

Aviso que interpela a la comunidad a cuidar el agua

En mis registros entre los años 2011 y 2013, sobresale que estas soluciones de corto plazo se extendieron más de lo esperado y comenzaron a generar las condiciones para juicios morales y normativos que provocaban tensiones cada vez más ásperas en las discusiones cotidianas. Lo siguiente me contaba un vecino miembro de la cooperativa de servicios públicos:

«Esto [de prohibir lavar el auto o regar] lleva al enfrentamiento entre vecinos. A mi me putearon por estar lavando el auto el otro día. A mi me gusta tener el auto limpio, la casa limpia. ¿Por qué no puedo lavar el auto?, ¡si lo hago con un tacho de veinte litros! ¿Por qué me tengo que aguantar al vecino que se enfurece porque lavo el auto? Yo, cuando me ducho, cierro la llave. Te mojás, cerrás la llave, te enjabonás, abrís la llave. Eso hago. Para otros tal vez la ducha sea el único momento de relax que tienen... y bueno, se ducharán largo, y ahorrarán agua por otro lado» (Fragmento de entrevista no directiva realizada a un miembro de la comisión de agua de la cooperativa de servicios públicos de Agua de Oro, 27/02/12).

Entre los conocimientos sobre los cuales se basa la acción, afirma Balbi, «se encuentran aquellos referidos al estatuto moral relativo de las acciones y relaciones propias y ajenas» (2017, p. 15). En este sentido, la moral

«puede ser caracterizada como un tejido, siempre en hechura —esto es, necesariamente incompleto y cambiante—, de conocimientos y prácticas referidos a la deseabilidad y obligatoriedad relativas de los cursos de acción y las relaciones sociales que, al tiempo que responden a éstos, los configuran y reconfiguran sobre la marcha» (Balbi, 2017, p. 15).

Rencillas entre vecinos por la higiene personal o por la estética automovilística; reclamos ante las autoridades locales porque en el otro pueblo llenaban sus piscinas con «nuestra» agua; sanciones por regar las plantas o noticias sobre la policía custodiando cisternas de agua, formaron parte de un repertorio moral que expresaba aquella tensión entre lo deseable (la buena disponibilidad de agua) y lo obligatorio (no derrochar). Ahora bien, ¿se trata de «normalidades» interrumpidas? Desde el punto de vista antropológico, estos fenómenos son tan extendidos que parecería que deberíamos llamarlos «normales». Sin embargo, bajo una mirada etnográfica, el punto central es si son vividos como tales en los contextos de situación relevados. Y desde el punto de vista de la experiencia vivida, Douglas afirma que

«[N]uestra interacción social consiste en buena medida en contarnos mutuamente qué es pensar correctamente y en repartir culpas por pensar incorrectamente. De hecho, es así como construimos las instituciones, al comprimir las ideas de todos para darles una forma común de modo que se pueda demostrar su corrección en virtud del peso abrumador del número de actos independientes de asentimiento» (Douglas, 1996, p. 135).

Para Douglas, las instituciones pueden «comprimir» ideas solo desde el punto de vista fenomenológico; es decir, en el plano de la realidad vivida, y este es un elemento central a tener en cuenta en su propuesta. Desde el punto de vista teórico[7], la autora entiende las instituciones como agrupamientos y acuerdos sociales sujetos a formas de autoridad legitimadas. La autoridad puede estar personalizada o «puede ser difusa, como sería el caso de basarse en el común acuerdo sobre algún tipo de principio fundamental» (Douglas, 1996, p. 75). Quedan excluidas de esta definición, decía, las convenciones y acuerdos basados en arreglos puramente instrumentales. Repartir culpas y responsabilidades, afirmaba, es parte central de procesos cognitivos que definen las bases morales de nuestras acciones e instituciones (Douglas, 1992). Ahora bien, un fenómeno extensamente documentado es que las crisis son explicadas por sus protagonistas (el nivel fenomenológico) por razón de fallas institucionales y/o fallas regulatorias (Boivin y Rosato, 2008; Harvey, 2011, 2012; Roitman, 2014). Podríamos pensar, entonces, también desde el nivel fenomenológico, que estas pretendidas «fallas» emergen allí cuando se quiebra el reconocimiento de que las instituciones comprimen las ideas de «todos» y cuando se evidencia, por el contrario, que comprimen sólo las de algunos, aunque presentadas como si fueran las de todos. Tal vez sea esta cuestión lo que indique, para el análisis antropológico, una ruptura en la «normalidad». Esta ruptura es, justamente, lo que ocurrió durante la crisis hídrica, un movimiento que proponemos analizar en términos de algunos aspectos de la teoría de la moral.

Mientras las causas de la crisis se asociaran exclusivamente con la responsabilidad de quienes derrochaban el agua y no se adecuaban a una situación impuesta por la naturaleza (falta de lluvias, sequía), y mientras dicha inadecuación fuera entendida como un desinterés por el problema que sufrían todos, la sensación de anormalidad se apoderaba de toda interacción, de toda propuesta e iniciativa para enfrentar la crisis; en este sentido, se trataba de una forma de atribución de responsabilidades basada en una moral que entendía las responsabilidades en términos igualmente aplicables a todos. De esta manera, las culpas podían ser repartidas indiscriminadamente sin distinción, gradación o jerarquía: a los turistas que derrochaban, a la falta de infraestructura, a los vecinos del pueblo que derrochaban, a los vecinos del otro pueblo que se llevaban el agua para llenar sus piscinas, a la naturaleza, a los gobernantes. Aunque esto parecería ir en línea de los análisis de los «juegos de culpa» en el sentido de la responsabilidad como resultado de la competencia entre individuos, lejos nos encontramos de tal situación, dado que, cuando las culpas se reparten indiscriminadamente, no se definen responsables más que abstractamente en términos de «todos lo somos». Sin embargo, esta idea no fue plenamente instituida como principio de autoridad legitimado o, en su defecto, lo fue por un corto tiempo, pues fue dando paso a otro principio que se sostuvo con mayor fuerza: «hay algunos que son más responsables que otros». En este sentido, los procesos de responsabilización por la crisis comenzaban recién a encauzarse y a tomar forma luego de aquél primer intento anárquico.

Desde un principio, entonces, nos encontramos con juicios morales entre vecinos por el ahorro del agua o protestas por las regulaciones que prohibían usos indebidos del agua, aspectos que remarcaban la necesidad de un consumo responsable. Desde la antropología social, la dimensión moral del consumo en términos de responsabilidad ha sido analizada por Arribas (2008), Arribas y De Pina (2008) y Arribas et. al. (2004). Importa particularmente rescatar la idea general desarrollada desde esta perspectiva de que incluso las opciones tenidas como puramente «racionales» e interesadas serían también opciones morales (Arribas y De Pina, 2008).

La moralidad y la responsabilidad en el consumo pronto comenzaron a asociarse con una desigualdad que comenzó a generar descontento social. Parecía que aquellas regulaciones y prohibiciones sobre el consumo solo afectaban a los «pequeños» consumidores, no así a los «grandes». En este sentido, si bien ofició por un tiempo como principio de autoridad legitimado (Douglas, 1996), la idea de la crisis como una responsabilidad «de todos», nunca llegó a instituirse plenamente, porque al poco tiempo se transformó en un conflicto entre los grandes consumidores de agua, y los vecinos que sufrían intensamente la escasez. Así, por ejemplo, la presencia de canchas de golf o de proyectos para su instalación en varios lugares y la puesta en marcha de una multiplicidad de desarrollos inmobiliarios —algunos de los cuales, se rumoreaba, habían conseguido certificaciones de factibilidad hídrica de forma irregular—, operaron como expresiones concretas de la desigualdad e injusticia en relación a la apropiación del agua.

Cuando en el debate se intensificaron los temas relativos a las formas desiguales de apropiación del agua, la cuestión comenzó a alejarse de la moral de la responsabilidad compartida.

«De las 1100 conexiones activas durante todo el año, que son de los residentes permanentes, 100 te consumen el 70% del agua y las otras 1000 el 30%. No es un problema de lavar el auto o no lavarlo, o ducharse rápido. Por suerte ahora, además de las tarifas escalonadas, están poniendo limitadores de presión y de caudal. Está bien, hay que distribuir el agua en forma equitativa.

Otro gran problema nuestro ahora son los loteos (…). Son terrenos de 2000 metros cuadrados, y quieren hacer cancha de golf. ¡Y no hay agua! (…). No es que violaron la ley, porque el que viola la ley está sujeto a la justicia. Hicieron una excepción a la ley, y la provincia les autorizó el emprendimiento.» (Fragmento de entrevista no directiva realizada a un miembro de la comisión de agua de la cooperativa de servicios públicos de Agua de Oro, 27/02/12).

La ley en cuestión era la Ley Provincial de Ordenamiento de los Bosques Nativos. La excepción habría permitido a los desarrolladores del emprendimiento construir en una «zona roja» de protección de los bosques, categoría que prohíbe cualquier modificación del entorno natural para preservar la vegetación nativa. Tiempo después de la catástrofe, una pretendida reforma de esta ley a fines del 2016 fue, como veremos, el principal motor del conflicto alrededor de las desigualdades que venimos mencionando, y de otras.

Las configuraciones morales, afirman De Pina y Arribas (2011), definen tanto formas deseables y virtuosas —entre ellas diversos modos de pensar, comportamientos o modelos de sociedad— como otras condenables por ser impropias. En este sentido, los juicios morales alrededor del consumo desigual no eran nuevos, pero comenzaron a tomar mayor fuerza con el devenir de la crisis, articulándose en un frente que tuvo al «desarrollo» y al «progreso» como catalizador de un conflicto que fue profundizándose y tomando dimensiones cada vez más amplias. En este frente, el conflicto ya no implicaba un reparto indiscriminado de responsabilidades, sino la lucha entre dos formas antagónicas de entender las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. En esta lucha, la tensión entre lo deseable y lo obligatorio (Balbi, 2017) se transformó en un conflicto por la definición misma de lo deseable y obligatorio; en otras palabras, en una oposición abierta, política y moral entre diferentes proyectos de sociedad que se enfrentaron desigualmente. En este sentido, la definición de lo deseable y lo obligatorio se extendió para ir más allá del pragmatismo que implica desear tener agua y la concomitante obligación de ahorrarla, ampliándose desde las rencillas vecinales hacia un conflicto en torno a los modos de habitar un ambiente serrano.

3. El desarrollo, los negocios y la catástrofe

Cuando se cumplió un año de escasez sostenida de agua, el por entonces gobernador Juan Schiaretti[8] comenzó a promocionar una obra de infraestructura que publicitaba como «la única solución posible» a los problemas de escasez hídrica. Se trataba de un acueducto que traería agua desde el río Paraná (véase Figura 1) para proveer especialmente la ciudad de Córdoba y a la zona de Sierras Chicas. Durante más de diez años, esta obra fue proclamada insistentemente por el Gobernador, llegando a conocerse por ello como «el proyecto de Schiaretti».

Muchos expertos sostuvieron que existían soluciones técnicamente más adecuadas, así como económicamente más racionales para solucionar la escasez. En vez de instalar un acueducto de tales características, considerado una obra faraónica, se proponía mejorar el sistema de infraestructura existente. Sin embargo, Schiaretti insistía con la obra, publicitándola con las siguientes palabras:

«[L]a única solución viable es traer agua del Río Paraná. ¿Por qué? Porque el Paraná es el desagote del mayor acuífero del planeta, que es el Acuífero Guaraní. Y para nosotros (...) es vital pensando en los próximos 30-50 años, que podamos hacer este acueducto. … [Se trata de] la posibilidad de que no nos falte agua en las próximas décadas en la provincia porque están llegando al límite los acuíferos que tenemos. Y la garantía de que pueda haber más población y desarrollarnos y progresar, es precisamente que no nos falte agua.» (El Club …, 2018).

Estas reflexiones nos llevan al epicentro del conflicto por el agua en relación con aquellos dos proyectos de sociedad antagónicos que mencionábamos. Para muchos expertos en temáticas ambientales y para casi todas las agrupaciones ambientalistas de las Sierras Chicas, el problema de la falta de agua era justamente ese «desarrollo» y ese «progreso». Un guardaparques de una reserva ambiental de la zona me comentó al respecto lo siguiente:

«Hay mucha iniciativa del gobierno en hacer obras de infraestructura, pero no en planificar el territorio. Crear nuevas reservas es planificación territorial, para ponerle un freno al impacto del mercado inmobiliario. (...) Las urbanizaciones crecen hacia el Norte, Noroeste [siguiendo la orientación de las sierras]. ¿Por qué no van también a otro lado? ¿Por qué no se van para el Este? ¿Por qué no recortan 1000 hectáreas de la soja? Pueden hacer la ciudad del futuro en el bajo, y ahí los arquitectos pueden jugar con la piedra y el vidrio, y que hagan todo lo que quieran, pero en el bajo. … Cuando vienen los chicos de las escuelas a la reserva, les hago un experimento. Primero les muestro cómo se escurre el agua en el cemento. Escurre rapidísimo. Bueno, luego, en el pasto y en la tierra. También escurre rápido, pero algo penetra. Después les tiro un poco de agua en aquélla vegetación, y entonces ven cómo el agua escurre muy despacito, de a gotitas, queda en el suelo, y es absorbida. Y eso es un ejemplo muy gráfico» (Fragmento de entrevista no directiva al guardaparques de la Reserva Hídrica La Quebrada, 09/02/12).

Esta transcripción es ilustrativa de otra de las formas de responsabilización que propone Douglas (1992) y que refiere a identificaciones de responsables externos a la comunidad que sufre la desgracia, y es la forma moral de responsabilización que comenzó a sobresalir a medida que la crisis se transformaba en un conflicto entre diferentes y excluyentes proyectos de sociedad. En la medida en que este conflicto se desplegaba, se conformó un «nosotros» defensor de la naturaleza y un «otro» destructor, y por lo tanto responsable tanto por la escasez de agua como por las escorrentías que marcaron la catástrofe del 15F.

Aquel «otro» se condensaba, por un lado, en la figura de los mandatarios que gobernaron Córdoba alternadamente desde principios del siglo xxi: José Manuel De La Sota[9], y Juan Schiaretti. Ambos eran señalados como quienes manejaban los «grandes negocios» de la provincia, especialmente los vinculados a la tierra. Fuera tierra ocupada por la agricultura/ganadería o por los desarrollos inmobiliarios, el resultado de ambas actividades resultaba en el desmonte, en la pérdida de vegetación nativa cuya función principal es la de mantener sanas las cuencas hídricas y regular los extremos del ciclo hidrológico. Por otro lado, el responsable de la crisis tomaba cuerpo en una figura abstracta y múltiple: los desarrollistas, que avanzaban sin control sobre la naturaleza, desmontando e impermeabilizando las cuencas.

Esta impermeabilización de las cuencas fue tenida como una de las causas de la catástrofe del 15F. Mientras las operaciones de rescate aún no habían concluido y la lista de muertos aún no estaba completa, y en un intento por evitar que fuera tomado como sujeto de responsabilidad por la catástrofe, el por entonces gobernador explicó frente a las cámaras de televisión que un tsunami había caído del cielo, aludiendo así a un fenómeno natural imprevisto y extraordinario. Pronto esta «estrategia» de evitación de la responsabilidad fue contrarrestada por vecinos agrupados en asambleas de damnificados, así como por informes científicos que habían circulado previamente a la catástrofe y que habían sido realizados a pedido expreso de las organizaciones ambientalistas de las localidades ahora afectadas, entre ellas la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas. Vecinos y agrupaciones ambientalistas comenzaron a proclamar que las causas de la sobreabundancia de agua habían sido las mismas que las de la anterior escasez: la mala salud de las cuencas, desmontadas e impermeabilizadas con cemento. Los políticos y los desarrollistas fueron tenidos como responsables, y la idea de un ecocidio fue apoderándose de las interpretaciones alrededor de la catástrofe[10].

«A un mes del ecocidio (...) compartimos la posición de la Coordinadora. (…) La inundación del pasado 15 de febrero no fue un tsunami del cielo, ni una catástrofe natural, sino más bien un cóctel de negligencia, improvisación y pésimas decisiones que por supuesto conlleva serias responsabilidades políticas. El haber ignorado los aportes técnicos y políticos presentados públicamente por ciudadanos, científicos e instituciones demuestra una vez más la sordera selectiva de nuestros representantes y funcionarios de todos los estamentos» (Comunicado de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, 15/03/15).

A fines del año 2016, con la memoria social de la catástrofe aún no disipada (aún hoy no lo está), la legislatura de la provincia de Córdoba impulsó reformas a la ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos que regula el uso de aquellos bosques cuya destrucción habría sido causa de la crisis y de la catástrofe. La resistencia al proyecto fue contundente. Movilizada por políticos opositores, científicos, organizaciones ambientalistas, campesinos, indígenas y vecinos damnificados por la crisis y la catástrofe de Sierras Chicas, la oposición se desplegó entre diciembre de 2016 y mediados de 2017, logrando el archivo del proyecto. Debates públicos con científicos, festivales, radios abiertas, charlas y conferencias, intervenciones informativas en los cruces de calles, marchas y movilizaciones en la capital de Córdoba y en diferentes puntos de la provincia, reuniones con legisladores, viajes a Buenos Aires para reunirse con diputados y senadores nacionales fueron algunas de las actividades más destacadas que marcaron la dinámica del conflicto. No tengo espacio para describir en detalle este amplio despliegue que tuve la oportunidad de seguir en calidad de etnógrafo y cuyas particularidades he publicado en otro lado. Aquí recupero algunas situaciones dispersas que me permitirán focalizar en la consideración de la crisis y la catástrofe como universos morales en los que se puso en cuestión la relación entre gobernantes y gobernados en el marco de dos proyectos de sociedad antagónicos. Reproduciré fragmentos de discursos e intervenciones durante manifestaciones callejeras que ocurrieron entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, para ilustrar que los modos de responsabilización sobre la crisis y la catástrofe implicaron la creación, en términos morales, de un «nosotros» defensor de la naturaleza y un «otro» destructor de la vida.

Durante una vigilia frente a la legislatura de la provincia, un científico proclamó frente al micrófono que la postura de la Sociedad Rural sobre los bosques expresada en el proyecto de ley era inadmisible y una vergüenza internacional, y que por ello no había que entrar en discusión para, en cambio, dedicarse a evitar que se talen los fragmentos de bosque que le quedaban a la provincia. Durante la lectura de un manifiesto de la Coordinadora en Defensa del Monte Nativo, se anunció que la aprobación del proyecto significará el empobrecimiento, el desmonte y la destrucción de lo poco que nos queda de bosque nativo, y que tal situación traerá las ya conocidas consecuencias que actualmente sufrimos: inundaciones, desertificación, crisis hídrica. Un dirigente del Movimiento Campesino de Córdoba, durante una conferencia de prensa, atribuyó el proyecto a las asociaciones ruralistas que representaban intereses de muy poca gente. El proyecto era además una falacia, una mentira absoluta y total que respondía únicamente a las intenciones de hacer minería y desarrollo inmobiliario.

El 26 de diciembre, durante una manifestación que convocó a doce mil personas y que logró suspender la sesión legislativa durante la cual se trataría el proyecto, fue leído en púbico otro manifiesto en el cual la categoría de ecocidio fue también protagonista.

«Esta es la crisis y emergencia ambiental que actualmente Córdoba padece y no es reconocida por el Estado. Por esto es que, a esta nueva ley manipulada por las organizaciones de grandes productores rurales (...) e inmobiliarios, la hemos definido como la ley del Ecocidio, un crimen de lesa humanidad de parte de sus autores, cuyas consecuencias ambientales serán ya irreversibles para el bosque y toda la sociedad cordobesa» (Fragmento de texto leído durante la manifestación contra la ley de bosques, 26/12/16).

Ecocidio fue también una categoría desplegada en pancartas y carteles llevados por los manifestantes (Figuras 3 y 4).

Fuente: autoría propia.

Figura 3

Pancarta en referencia a la idea de ecocidio durante la manifestación del 26/12/16
en contra de la reforma de la ley de bosques

Fuente: autoría propia.

Figura 4

Pancarta en referencia a la idea de ecocidio durante la manifestación del 26/12/16
en contra de la reforma de la ley de bosques

Además, los legisladores tenidos como responsables de tal ecocidio fueron expuestos en carteles con su imagen, nombre y apellido y su afiliación partidaria, bajo la cual podía leerse también la expresión «no es inocente». Entre las fotos de los legisladores podía observarse además una pancarta en color amarillo con letras negras en la cual se leía: «inundaciones y sequías son consecuencia de esta ley» (Figura 5).

Fuente: autoría propia.

Figura 5

Manifestantes sosteniendo retratos de los legisladores que votarían afirmativamente
por la reforma de la ley. Marcha contra la reforma de la ley de bosques, 26/12/16

Durante el acto que dio cierre a la manifestación de aquella tarde, un campesino leyó una carta que le había escrito al gobernador de la provincia. Luego de describir en detalle las actividades productivas de la economía campesina, concluyó que

«para el gobierno, nosotros no somos productores. Nos dicen holgazanes por salir en defensa de nuestro bosque, por salir a la calle, por mostrar y por decir basta de tanto pisoteo, ninguneo, que nosotros somos los que destruimos el monte y la fauna. Esos improperios contra nosotros lo dicen señores que viven (...) en barrios privados, que tienen un montón de empleados que (...) les engrosan la fortuna. Y no saben de frío, ni de calor, ni de hambre ni de necesidades. (...) Y en la puerta de su casa les espera una 4x4 con chofer para decidir los caminos que debe transitar nuestra argentina» (Fragmento de una carta abierta al gobernador leída por su autor desde el palco durante el acto de la marcha del 27/12/16).

Aunque hubiera dos «grupos» responsables por la sostenida crisis hídrica y la catástrofe, los políticos y los empresarios desarrollistas, ambos sectores eran juzgados como desplegando una misma lógica de la destrucción en tanto «valor negativo» (Bloch, 1982; Graeber, 2018; Munn, 1986). Es decir, como lo opuesto a aquello definido como obligatorio y deseable, y que se carga de imágenes de «maldad moral, de pérdida o decadencia, caos y desorden» (Bloch, 1982, citado en Graeber, 2018, p. 151).

En este sentido, el interés en los negocios por parte de los desarrollistas y el de los políticos en connivencia con ellos, era juzgado como aquello que atentaba contra el bien común al destruir el ambiente y, por lo tanto, las formas de vida humanas y no humanas que lo constituyen.

4. Conclusiones

La crisis y la catástrofe fueron espacios morales en los cuales se puso en escena una desigualdad preexistente relativa a la apropiación de los bienes naturales. Esta desigualdad se expresó, en un primer nivel, a través del descontento social por el consumo desmedido de agua por parte de algunos. Comenzó así a tomar fuerza la idea de que no se trataba de una responsabilidad compartida de forma igual, sino que había quienes eran más responsables que otros: los grandes consumidores de agua, complejos turísticos y recreativos como las canchas de golf, emprendimientos inmobiliarios que debían ser controlados, etc. Además, muchos expertos en biología advertían que estos mismos grandes consumidores eran los responsables de la destrucción de las cuencas, agravando así la crisis en un aspecto más amplio que excedía al consumo propiamente dicho. Esta advertencia, publicada en varios informes previos a la catástrofe del 15F, sentó las bases de los sentidos alrededor de un «ecocidio», categoría que apuntaba así a la responsabilidad por la destrucción del monte nativo, la pérdida de vidas humanas y por los daños materiales.

El análisis presentado nos revela no solo el carácter efectivamente indisoluble de la moralidad y el interés (Arribas y De Pina, 2008; Balbi, 2017), sino también el hecho de que tal carácter se evidencia en todo su alcance en contextos en los cuales nos enfrentamos con procesos de valoración de los intereses y de la moral de «otros». En estrecha relación con esto, los juicios morales mutuamente atribuidos no pueden reducirse a «estrategias» de minimización o evitación de culpas y tampoco pueden reducirse ni explicarse en virtud de los contextos mismos de las crisis o catástrofes como fenómenos aislados.

Hemos advertido que utilizaríamos las palabras «crisis» y «catástrofe» en relación con su uso como medios para producir la inteligibilidad de ciertos fenómenos y como categorías que remiten a rupturas, discontinuidades o dislocaciones de la «normalidad». Consideradas en el plano fenomenológico, el de la experiencia social vivida, las crisis y catástrofes irrumpen en un continuo, dislocan la temporalidad y la espacialidad humanas. Toda problematización teórica, coincida o no con los usos habituales de las palabras definidas, incorporará tales usos, al menos esto es así desde una mirada antropológica basada en la etnografía, que intenta integrar el punto de vista de los actores en el análisis. En antropología social, este movimiento cuenta con un relativo consenso que no implica univocidad, sino una heterogeneidad crítica sobre la base de un acuerdo de discusión. Ahora bien, ¿qué puede aportar la antropología que no esté contenido explícitamente en los sentidos habituales que se le otorgan a los procesos, eventos y relaciones analizados? Hemos intentado explorar una respuesta desde una mirada teórica enfocada en la moral, específicamente en relación con la producción de la responsabilidad.

Para nuestro análisis, tal producción reveló proyectos de sociedad en conflicto que se desplegaron en el contexto de una crítica a la relación entre gobernados y gobernantes. En el plano fenomenológico, la idea misma de ecocidio y su performatividad durante las multitudinarias manifestaciones en la calle condensó tal crítica apuntando a los desarrollistas, políticos y funcionarios, quienes son tenidos por responsables de la destrucción y la decadencia. En el plano analítico y siguiendo a Douglas (1996, 2001), la ruptura o la dislocación del orden atribuido al mundo podría pensarse como una ruptura de los cimientos institucionales de nuestras creencias. Es decir, en los principios de autoridad legítima de las instituciones que, por tal razón, no logran generar la ilusión de que «comprimen» las ideas, las acciones y las experiencias de todos en un marco común de referencia.

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